TTIP y CETA al Detalle

Los acuerdos comerciales son muy complejos y a veces pueden ser difíciles de entender. Si usted está buscando información más detallada sobre TTIP y CETA, eche un vistazo a nuestras respuestas a algunas de las preguntas más importantes!

What is TTIP?

In June 2013, US President Obama and European Commission President Barroso officially launched negotiations on a Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The name overstates the importance of trade, which is only a tiny part of the negotiations. The main objective of the TTIP is to harmonise to the greatest extent possible transatlantic rules, regulations and standards on food and consumer product safety, environmental protection, biotechnology and toxic chemicals management, financial services and banking, domestic regulation of services, pharmaceutical patent terms, and many more areas of public policy. EU and US governments will hold onto a “right to regulate” but it will be severely constrained, subsumed under the overall priority of reducing barriers to investment opportunities for multinational corporations.

The negotiations over TTIP are taking place behind closed doors, although the agreement will have far-reaching effects for the citizens of the EU. Even the composition of a preparatory group of the negotiations and the wording of the negotiating mandate are secret. This is incompatible with democratic standards!

In spite of this, some of the documents which are still deemed to be highly secret have leaked out. These include regulations which concede extensive rights to private companies. As well as special rights for companies to sue before private arbitration tribunals (Investor-State Dispute Settlement, ISDS for short), regulatory cooperation in particular is problematic. Here, all laws or regulations which could negatively affect trade between the parties to the agreement would be discussed, even before the state's own parliament, with the party to the agreement and with stakeholders. For this, representatives of large companies, above all, would be invited to participate directly in the discussions. The consequence: The implementation of stricter regulations, such as for consumer, environmental, or employment protection, would be much more difficult in future. And a lowering of standards also looms. But in a democracy new laws must be made by the parliament, and not by technocrats or lobbyists.

In addition, the EU Commission is attempting to accomplish that it is unnecessary for the national parliaments of the member states to consent to the agreement. Therefore, when TTIP takes effect, completely circumventing us as citizens, in the end our elected representatives may also have been left in the dark. On top of that, such an agreement would be practically irreversible, and would thereby greatly restrict the latitude for negotiation of future governments and parliaments.

¿Qué consecuencias tiene la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) que se está negociando entre la UE y EE. UU.?

Este tratado tendría una gran repercusión en nuestro sistema democrático y constitucional, en la protección tanto del consumidor como del medio ambiente, así como en nuestro sistema sanitario, educativo y cultural.

Dicho tratado supondría una regulación obligatoria a nivel estatal que afectaría a unos 820 millones de personas.  Englobaría un gran area de la vida económica, desde la prestación de servicios, pasando por encargos públicos, agricultura y minería hasta normas técnicas o cuestiones por derechos de autor. Además tendrían las empresas la posibilidad de denunciar a los estados, si éstos dictaran leyes que pudieran perjudicar las inversiones o ganancias de la empresa.

¿Este grupo, por qué esta en contra de TTIP?

Las negociaciones sobre ATCI tienen lugar a puerta cerrada, aunque el tratado tiene consecuencias importantes para los ciudadanos de la UE. Ni se publican los nombres de las personas que lo estan negociando, ni se sabe qué mandato tienen. Eso está en contra de convenciónes democráticas.

Aun así se han podido filtrar algunos de los documentos que todavía son altamente secretos. Estos incluyen normas que conceden un montón de derechos a grandes empresas. Un problema es que el tratado permitirá a las multinacionales demandar a los Estados cuyos gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios económicos (es una cláusula de protección de los inversores extranjeros, en inglés Investor-State Dispute Settlement = ISDS). Aun peor es la “cooperación regulatoria”: ¡Eso significa que todas las leyes o normas que podrían afectar el comercio entre UE y EEUU se van a debatir entre representantes de empresas antes de llegar a los parlamentos! Sobre todo se invitaría a representantes de grandes empresas a esas debates. La consecuencia: En el futuro sería mucho más dificil introducir normas más estrictas, por ejemplo en la protección de los derechos de los consumidores o trabajadores y en la protección del medio ambiente. Incluso podría suponer tener que bajar los estándars. En estados democráticos son los parlamentos quienes deben dictar las leyes, y no las empresas o los miembros de grupos de presión.

La comisión europea intenta conseguir que los parlamentos nacionales de los estados miembros no tengan que aprobar el acuerdo. Con lo cual el tratado podría acabar entrando en vigor sin el consentimiento no sólo de los ciudadanos sino también de nuestros representantes. Asimismo sería este acuerdo practicamente irreversible y supondría una limitación muy grande en la actuación de futuros gobiernos y parlamentos.

 

¿Cómo influye esto en temas como pollos esterilizados con cloro, alimentos tratados geneticamente o carne con alto contenido hormonal?

El objetivo de los tratados supone una “armonización” de los estandars de producción y de la prestación de servicios entre los EEUU y la Unión Europea. Las grandes empresas opinan que las diferencias en los estandars suponen obstaculos al comercio y por eso hay que eliminarlas. Pero por ejemplo en la agricultura y en el sector químico hay grandes diferencias entre los estandars de los EEUU y la Unión Europea. En los EEUU está permitido desinfectar gallinas con cloro, tratar el ganado con hormonas y utilizar plantas genéticamente manipuladas para producir alimentos. Claro que para las empresas norteamericanas supondría unas ganancias enormes poder vender estos productos también en Europa en el futuro. Por eso quieren bajar los estándars europeos. Sin embargo, nuestros estándars fueron introducidos para la protección de los consumidores, del medio ambiente o de los animales y no podemos permitir que un acuerdo comercial los anule. En nuestra sociedad estamos pensando en subir los estándars en temas como la cría en masa de animales, el uso de productos químicos y  la política energética. ATCI y CETA pondrían esa posibilidad en riesgo, ya que según sus reglas se permitiría a las empresas exigir una compensación en caso de que se suban los estándars .

¿Qué se entiende bajo el concepto de la demanda de multinacionales a los estados (ISDS = Investor-State Dispute Settlement)?

Ya existen varios tratados con el derecho de inversores a demandar a estados. Así pueden los inversores extranjeros acudir a tribunales internacionales de arbitraje para demandar a un estado siempre que se sientan expropiados, discriminados o tratados de manera injusta. Pero este derecho se extiende tanto que pone en peligro leyes pensadas para la protección del consumidor, del medio ambiente o en general del interés público.

De esta manera se evita la vía judical regular en juzgados con legitimación democratica. Los procedimientos arbitrales tienen lugar a puerta cerrada, aunque tienen consecuencias importantes para los ciudadanos. Los tribunales de arbitraje pueden condenar a los estados a pagar compensaciones muy altas. Nosotros, los contribuyentes, somos los que las pagamos al final. No existe el derecho de apelación. Los inversores privados no solo pueden impugnar leyes que se han dictado de forma democratica y legal. Solo la amenaza de este tipo de procedimientos de arbitraje  puede presionar de forma ilegal a la autoridad legislativa.

En los ultimos años el numero de demandas a estados (ISDS) ha subido mucho. Hasta finales del 2012 hubo 568 de estas demandas, aunque no todos los casos se publican, por eso el numero real puede ser más alto. En el 31% de los casos ganaron los demandadores, el 26% acabó con un acuerdo entre las dos partes y en el 43% ganó el estado. Por lo tanto, casi en el 60% de los casos tuvo que pagar el estado acusado. Ahora, por ejemplo, la empresa sueca del sector energético, Vattenfall, demanda a Alemania por su salida de la energía nuclear y pide 3700 milliones de Euros de compensación. Encima la empresa recibe ayuda de companías cuyo unico objetivo es la financiación de juicios. Despues  estas companías reciben una parte de la compensación si la empresa gana.

[1] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf

 

¿Qué supone una cooperación regulatoria?

En las negociaciones a puerta cerrada, con filtraciones al entorno público, se habla de una “puesta en marcha gradual en la compatibilidad del sistema de regularizacion”. Lo que esto pueda significar lo describen los grupos de presión estadounidenses “Camara de comercio” y “Negocio Europeo” de la siguiente manera: “Los grupos interesados se sientan juntos con reguladores para formular leyes juntos.” [1] Esto conlleva el peligro de que asociaciones no legitimadas democraticamente  se introduzcan y decidan, o como poco influyan, en los procesos de proclamacion de leyes. Pueden llegar a dictar o evitar que se dicten leyes concretas. Por cierto que la idea no surge de la comisión europea sino que tiene su origen en un documento común de los grupos “Camara de comercio” y “Negocio Europeo”.[2]

Un documento filtrado de la comision europea muestra como se supone que debe funcionar concretamente esta cooperacion regulatoria: un consejo regulatorio transatlantico, con sus funcionarios correspondientes, sería el responsable de esta “cooperacion regulatoria.” Ni se menciona la participacion de parlamentos o ciudadanos. EEUU y la UE deben informarse  mutuamente  y lo antes posible mediante un llamado “sistema de aviso” en caso de planear medidas que puedan influenciar al comercio común.

De este modo puede la otra parte presentar su postura ante las medidas planeadas. Además la parte que planee una regularizacion debe presentar un análisis de las repercusiones que puedan tener sobre el comercio y deberá consultar a los representantes de los intereses afectados. Así pues las medidas que por ejemplo prohiban o limiten el comercio con  mercancías peligrosas o dañinas para la salud podrían ser declaradas rapidamente como “trabas para el comercio”. Incluso aunque el consejo regulador no pueda ni tomar decisiones vinculantes ni prohibir directamente medidas preventivas la consecuencia será que este proceso burocrático retrasará y en general dificultará el cumplimento de leyes nuevos. La cooperacion regulatoria limitaría o entorpecería por consiguiente la libertad de actuacion de los legistadores, ya sea del parlamento, del pueblo, o a nivel regional o estatal. A medio plazo afectaría también a la regularizacion ya vigente, pues una de las tareas de este consejo regularizador será igualar las normas de la UE y EEUU definitivamente.

Además existe el peligro de que las grandes empresas que ya de antemano están informadas sobre las medidas planeadas y sus posibles consecuencias, amenacen a tiempo con un proceso  ISDS (demandas a estados ante tribunales internacionales de arbitraje) en caso de ver amenazadas sus expectativas de ganancias.

[1] Quoted from Eberhardt, P., “Weniger Demokratie wagen? Geheimniskrämerei und Konzernlobbyismus prägen die transatlantischen Handelsgespräche” [Risking a reduction in democracy? Secretiveness and big business lobbying characterise the transatlantic trade discussions], in Martin Häusling (ed.), TTIP: No We Can’t, Wiesbaden, 2013, p. 17.

[2] US Chamber of Commerce/BusinessEurope 2012: Regulatory Cooperation in the EU-US Economic Agreement, October 2012, http://corporateeurope.org/sites/default/files/businesseurope-uschamber-paper.pdf.

 

¿Por qué sería este tratado irreversible?

Los contratos internacionales son en general el resultado de largas y complicadas negociaciones. Por tanto intentan las partes negociadoras no arriesgar el resultado. En general, cualquier cambio solo se podra afectuar con el visto bueno de todas las partes negociadoras. Por si fuera poco suelen tener los tratados de tipo económico unos compromisos a largo plazo. Muchos de estos tratados bilaterales no pueden anularse hasta después de cinco años de haber sido firmados. Sin embargo para inversiones que fueron efectuadas hasta el momento en el que tiene lugar la anulacion del tratado, éste sigue teniendo vigencia otros 15 años. Así pues  la normativa se impone durante al menos 20 años, un periodo de tiempo en el que se puede llegar a elegir hasta 5 veces un nuevo parlamento y en el que la constelación política y por tanto también su actuación, puede cambiar de trayectoria.

¿Quién decide sobre los tratados de libre comercio?

Todavía no está decidido. El gobierno alemán  parte de la base de que en TLC (ATCI) y CETA se trata de acuerdos mixtos. Por acuerdos mixtos se entiende que deben estar bajo la competencia de los estados miembros y deben ser ratificados no solo por la UE sino también por todos y cada uno de los estados miembros. De las negociaciones de la UE publicadas inoficialmente resulta que deben negociarse las inversiones y la defensa de propiedad que están dentro de la competencia de legislacion de los estados miembros. [1]

Un tratado sólo de la UE podría ser acordada meramente por la comisión, el parlamento y consejo europeo (es decir por los jefes de gobierno de los estados miembros). Esta es la variante preferida por la comision europea, pues así sería capaz de evitar los parlamentos nacionales.

[1] See Sven Leif Erik Johannsen, Die Kompetenz der Europäischen Union für ausländische Direktinvestitionen nach dem Vertrag von Lissabon [The authority of the EU for foreign direct investments according to the Lisbon Treaty], August 2009, page 15.

¿Cuál es la situacion actual del convenio comercial entre la UE y Canadá (CETA)?

El 18 de octubre de 2013 el presidente de la comisión europea, Juan Manuel Barroso, y el primer ministro canadiense Stephen Harper anunciaron el acuerdo sobre un convenio comercial entre Canadá y la UE (CETA). Las negociaciones se extendieron durante 4 años tras los que siguieron meses dedicados a acordar detalles y cuestiones  juridicas. Desde el 5 de agosto del 2014 ya existe un texto del convenio CETA que aunque aún se mantiene en secreto, ha podido conocerse através de una filtración de ARD (una emisora de television alemana). En primer lugar tiene que pasar por controles jurídicos y después ser traducido a 23 idiomas, antes de que pueda comenzar el proceso de ratificación. Además no deja de haber demandas por parte de algunos políticos para que se realicen cambios en el texto del tratado y además no está aclarado si CETA se trata de un acuerdo mixto. En ese caso debe ser ratificado no solo por las instituciones de la UE sino también por todos los estados miembros.

Al igual que el TTIP, muchas partes del CETA, que es considerado como un modelo para el TTIP, se han hecho públicas de manera no oficial. Los críticos ven en el CETA la reactivación del ACTA (Acuerdo comercial anti-falsificación), que fracasó tras protestas internacionales.[1] En aquel momento, el Parlamento Europeo votó en contra con amplia mayoría. Además, al igual que el TTIP, va más allá de las usuales reglamentaciones de tratados comerciales, puesto que también interviene en las regulaciones de la contratación pública y tiene repercusiones sobre normas ambientales y de protección al consumidor. Al igual que el TTIP, todavía no se ha aclarado de manera concluyente si se trata de un acuerdo puramente de la UE o de un acuerdo mixto.

El CETA se adelanta al TTIP en unos cuatro años y contiene regulaciones problemáticas comparables que van desde el ISDS (Arbitraje de diferencias inversor-estado) hasta el reconocimiento mutuo de estándares. Por eso,  la Iniciativa Ciudadana Europea reivindica que no se establezca el CETA. Pues, incluso si el TTIP fracasara a causa de las protestas, muchos aspectos del mismo, que son objeto de crítica, podrían llegar por la puerta trasera a través del CETA. Por ejemplo, bastaría con que un consorcio estadounidense tuviera una sucursal o una filial con actividades de negocio sustanciales en Canadá para que se pudiera presentar una demanda inversor-estado contra un país miembro de la UE.

[1] http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/abkommen-ceta-gleicht-acta-wortwoertlich-a-843826.html

 

¿Qué significado tienen el CETA y el TTIP para los servicios y contratos públicos?

Los servicios públicos deberán ser fijados “al más alto nivel de liberalización”. Con esto, las privatizaciones ya realizadas serán difícilmente reversibles, incluso si la mayoría de la población así lo exigiera. Además, a través del CETA, todos los contratos y servicios públicos abiertos a empresas privadas en la UE y que deben ser anunciados  en toda Europa estarían también abiertos a empresas canadienses. De la misma manera, los municipios canadienses tendrían que ceder sus contratos a consorcios europeos, si estos son menos costosos. La contratación pública estaría aun más sujeta a una lógica competitiva y de mercado. El fomento de la economía local o la contratación socio-ecológica se entorpecerían y en parte incluso se prohibirían.