Cuando la protección del medio ambiente resulta cara – Rumanía demandada ante tribunal de arbitraje

de Alessa Hartmann, PowerShift

La lucha por Roșia Montană pasa a la siguiente fase: el 21 de julio, el consorcio minero canadiense Gabriel Resources presentó una moción para un proceso judicial de arbitraje contra Rumanía ante el ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes del Banco Mundial). Con esta moción, la lucha por la mina de oro en la ciudad rumana de Roșia Montană ha alcanzado un nuevo punto álgido.

Pero empecemos por el principio: En 1997 Gabriel Resources (GRZ:GR) llegó a la región de Roșia Montană, en los Cárpatos rumanos, para construir la mina de oro más grande de Europa. Para ello, dos regiones de valles tendrían que ser transformadas en cráteres y unas 2.000 personas trasladadas a otro lugar. Gabriel Resources esperaba obtener ganancias de unos 8 mil millones de dólares americanos por la mina. Para la gente del lugar, este proyecto significaría unos cuantos cientos de puestos de trabajo, pero también el traslado de la población y la desastroza destrucción del medio ambiente a causa del uso de cianuro de sodio para la extracción del oro.

Después de que el consorcio minero obtuviera la concesión del gobierno rumano para la explotación a cielo abierto en Roșia Montană, se comenzó a pagar compensaciones por casas y terrenos y los trabajos de demolición se iniciaron. Pero empezó a formarse resistencia pública contra el proyecto, y esta pronto se convertiría en el movimiento social más grande de todos los tiempos en Rumanía. Un momento muy importante de las protestas fue en otoño de 2013, cuando cada domingo, y durante varias semanas, en 50 ciudades rumanas 30.000 personas salieron a las calles a protestar. Además, hubo manifestaciones cada noche en Bucarest, la capital.

Para hacer posible la construcción de esta mina, el parlamento debía aprobar una nueva ley. Poco antes de la votación sobre esta ley, en noviembre de 2013, el director ejecutivo de Gabriel Resources, Jonathan Henry, ya había amenazado a Rumanía con una querella de arbitraje de diferencias inversor-estado. (ISDS) en el caso de que se impediera la realización de la mina. Mencionó que la suma compensatoria que se pediría sería de unos 4 mil millones de dólares. Esto sería alrededor del dos por ciento del PBI de Rumanía y correspondería al presupuesto anual del país para la educación. Este intento de intimidación no tuvo éxito, gracias a la gran presión civil. El parlamento rechazó la nueva ley y se paró la construcción de la mina de oro, por el momento.

A principios de 2015, el consorcio dió el siguiente paso. Contactó de manera oficial al gobierno rumano y amenazó con una querella en caso de que no autorizara el proyecto. A continuación, hubo un período de seis meses, durante el cual se hubiese podido resolver el caso sin necesidad de una querella. Este período ha expirado y la semana pasada Gabriel Resources presentó una demanda por el pago de compensaciones ante un tribunal de arbitraje internacional.

Todavía no está claro a través de cuál de los acuerdos bilaterales de protección de inversiones (BIT) se presentará la demanda. El BIT entre Rumanía y Canadá sería obvio. Pero también sería posible hacerlo a través del acuerdo entre Rumanía y los Países Bajos, ya que Gabriel Resources tiene una sucursal en los Países Bajos. El consorcio examinará con mucho cuidado cuál de los BIT es más conveniente. Tampoco hay información sobre a qué cláusula se remitirán en la demanda. Es posible que sea la cláusula “Fair and Equitable Treatment” (FET), es decir, “trato justo y equitable”. Está cláusula permite a los inversores una interpretación muy extensa de lo que puede ser “justo y equitable”. Los consorcios se remiten a la cláusula FET muy a menudo en sus demandas y con mucho éxito: en el 75% de de los casos ganados por consorcios estadounidenses , se argumentó aduciendo una violación de la cláusula FET.

Gabriel Resources estará representado por los abogados de White & Case. Este bufete posee mucha experiencia en casos de ISDS y solo en 2014 litigó en 39 casos de demandas de ISDS. Una de las más altas compensaciones adquiridas por el bufete fue por una demanda de un consorcio canadiense de minas de oro contra Venezuela. Esto no augura un buen resultado en el caso de Gabriel Resources contra Rumanía.

Ya hemos aprendido dos lecciones del caso Roșia Montană:

Este caso muestra lo importante que es exigir que se anulen los antiguos BIT y evitar que se firmen nuevos acuerdos que contengan ISDS. El acuerdo entre la UE y Canadá (CETA), que será aprobado posiblemente en 2016, contiene un capítulo ISDS que es muy peligroso. Un análisis ha demostrado que esto aumentará sobremanera el riesgo para los países de la UE de ser demandados por inversores canadienses del sector de la construcción, de la industria petrolera y de gas. Personas con información privilegiada dentro del sector ya están celebrando el CETA como un acuerdo “revolucionario”, y “con consecuencias trascendentales para las empresas mineras”.

Pero: ¡La presión social funciona! Los ciudadanos rumanos nos lo han demostrado. Su valiente protesta, contra todas las adversidades, impidió la destrucción del valle de Roșia Montană. ¡Un fuerte movimiento europeo también puede impedir que se concluyan nuevos acuerdos comerciales y de inversión como CETA y TTIP!